The New York Times Syndicate - 5/28/2008 6:36 PM
CIUDAD DE MEXICO -- El asesinato fue un trabajo interno. Cuando el comandante, comisionado Edgar Millán Gómez, jefe en funciones de la policía federal, murió con ocho impactos de bala en el pecho el 8 de mayo, cundió un escalofrío en toda la fuerza porque se ha convertido, cada vez más, en un blanco.
CIUDAD DE MEXICO -- El asesinato fue un trabajo interno. El comandante de la policía federal mantenía en secreto su agenda, y dormía en un lugar diferente cada noche, no obstante, el asesino tenía las llaves del departamento del funcionario, y lo estaba esperando cuando llegó después de la medianoche.
Cuando el comandante, comisionado Edgar Millán Gómez, jefe en funciones de la policía federal, murió con ocho impactos de bala en el pecho el 8 de mayo, cundió un escalofrío en toda la fuerza porque se ha convertido, cada vez más, en un blanco.
La policía dice que el gatillero fue contratado por un policía federal descontento que trabajaba para un cártel de la droga en el estado de Sinaloa, y la naturaleza interna del asesinato subrayó la gran dificultad del presidente Felipe Calderón para mantener su promesa de limpiar la policía de la corrupción y terminar con la violencia relacionada con el narcotráfico que aflige a México.
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2006, Calderón ha buscado reorganizar y profesionalizar la fuerza policial federal, usándola, junto con el ejército, para escenificar intervenciones enormes en ciudades y estados controlados alguna vez por los narcotraficantes.
El resultado ha sido un caos: una guerra callejera en la que ningún blanco ha sido demasiado grande, ni ningún ataque demasiado descarado para las bandas.
Políticos de oposición, e, incluso, funcionarios policiales han empezado a cuestionar si la ambición del Presidente no ha excedido su control, lo que ha tenido consecuencias peligrosas y desestabilizadoras para un país que comparte una frontera de 3,200 kilómetros con Estados Unidos. Funcionarios del gobierno de Bush han dicho que los esfuerzos de Calderón podrían fracasar totalmente a menos que el Congreso estadounidense apruebe un paquete para equipo y entrenamiento de 1.4 mil millones de dólares durante tres años para la policía de México.
En la Ciudad de México, han matado a tiros a altos funcionarios de seguridad que se pensaba eran intocables, cuatro de ellos tan solo en el último mes. Los narcotraficantes asesinaron otros siete policías federales este año en represalia por la confiscación de drogas en ciudades fronterizas. Otros han muerto en tiroteos.
Desde que Calderón tomó posesión de la presidencia, los narcotraficantes también han asesinado al menos 170 policías locales, entre ellos, al menos una veintena de comandantes municipales. Se cree que algunos eran policías corruptos que se habían vendido a las bandas y que gánsteres rivales los asesinaron, dicen los investigadores. A otros, los mataron por hacer su trabajo.
El Presidente ha prometido mantener el rumbo, y ha descrito la violencia entre grupos y los ataques contra la policía como un signo de éxito más que de fracaso. El gobierno ha aplastado los cárteles, dice, provocando una guerra entre las distintas facciones que quedaron. El asesinato de Millán, expresó, marcó "un acto desesperado para debilitar a la policía federal".
"Lo que significa es un estrategia de algunas organizaciones criminales que buscan aterrorizar a la sociedad y paralizar al gobierno", dijo la semana pasada. "La pregunta es si debemos perseverar y seguir adelante o simplemente escondernos en nuestras oficinas y bajar la cabeza. No hay forma de que el gobierno mexicano retroceda en esta lucha".
La violencia entre los cárteles de la droga que Calderón ha buscado terminar sólo ha empeorado en el último año y medio. El número de víctimas dio un salto de 47 por ciento este año llegando a 1,378 hasta ahora, dicen fiscales. En total, han sido 4,125 personas las que han resultado muertas por la violencia del narcotráfico desde que Calderón llegó a la presidencia.
Sin embargo, la señal constante de los asesinatos de policías ha impactado más en la Ciudad de México. Por ejemplo, el miércoles, se encontraron muertos el subcomandante de la policía del estado de Morelos y su chofer en el maletero de un coche. Un letrero advertía contra unirse al Cártel de Sinaloa.
Han renunciado varios aterrados jefes de las policías locales, el más reciente, Guillermo Prieto, de Ciudad Juárez, quien lo hizo la semana pasada después de que asesinaron a su subcomandante unos cuantos días antes.
"No sólo está sucediendo en Ciudad Juárez", dijo el alcalde José Reyes Ferriz en el funeral de su subcomandante, Juan Antonio Román García. "Está pasando en Nuevo Laredo, Tijuana, en toda esta región. Están atacando comandantes de alta jerarquía para desestabilizar la policía".
Una razón para el incremento en la violencia es que Calderón y Genaro García Luna, su secretario de seguridad pública, han desbaratado los acuerdos de tiempo atrás entre la policía y los narcotraficantes en cada nivel de gobierno, dijeron varios expertos en crimen de México.
El año pasado, García Luna removió 284 comandantes de la policía federal en todo el país, y los reemplazó con oficiales que él mismo seleccionó, muchos que no eran de la fuerza, entrenados en una academia nueva, y examinados rigurosamente buscando signos de corrupción.
También reestructuró el departamento, degradó docenas de oficiales de carrera y colocó en el mando gente en la que confía, un círculo reducido de personas ajenas a las corporaciones, altamente instruida, la mayoría con antecedentes en el ejército o en el servicio de espionaje de México.
Gran parte de estos comandantes también sirvió bajo García Luna en el gobierno anterior del ex presidente Vicente Fox, en la Agencia Federal de Investigaciones o AFI, una fuerza de élite integrada bajo el modelo de la FBI.
La Agencia produjo resultados. El gobierno de Fox detuvo varios de los peces gordos más notorios del narcotráfico del país, como Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y Benjamín Arellano Félix, quien controlaba Tijuana. Las detenciones provocaron revuelo dentro de las organizaciones, así como guerras territoriales entre ellas.
Cuando asumió el cargo, Calderón fusionó la agencia de investigaciones con la fuerza policial federal existente, y puso a cargo a García Luna. En los últimos 18 meses, la nueva fuerza ha reclutado muchísimos estudiantes universitarios y ex soldados. El gobierno aumentó el salario inicial de los oficiales y mejoró en gran medida el entrenamiento.
Sin embargo, incluso con cerca de tres mil reclutas nuevos, el gobierno de Calderón aún tiene que purgar la fuerza de miles de oficiales de carrera enraizados en la antigua fuerza, plagada por la corrupción. Muchos de estos policías tienen lealtades dudosas, y han hecho dinero con los sobornos, en especial los asignados a carreteras, puertos y aeropuertos, según criminólogos y oficiales de la policía.
"Entrenar estas personas y sacarlas a las calles se va a llevar al menos un par de años", dijo Bruce Bagley, un catedrático de la Universidad de Miami, quien ha investigado el narcotráfico en toda América Latina. "Lo cual deja gran parte del núcleo podrido de la policía aún en su lugar".
Al mismo tiempo, Calderón y su predecesor han desmantelado en gran medida el aparato de seguridad del Estado que por décadas tuvo un control de hierro sobre México, cuando estuvo gobernado por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional. Se ha despojado de su amplia red de informantes a la dependencia de inteligencia y a la Secretaría de Gobernación.
Como resultado, dicen algunos críticos, la nueva fuerza policial federal no sólo carece de la inteligencia que alguna vez tuvo, sino está llena de policías y comandantes descontentos, que han perdido sus cargos o, en algunos casos, sus fuentes de sobornos.
Uno de ellos fue José Antonio Martín Montes Garfias, el hombre al que los investigadores acusan de contratar un asesino para matar al comisionado Millán. Montes Garfias trabajó por mucho tiempo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, uno de los principales puntos de entrada de la cocaína y las sustancias químicas utilizadas en la fabricación de metanfetaminas, y se sospechaba que protegía embarques del Cártel de Sinaloa. Millán hizo que lo transfirieran.
La policía también dice que Montes Garfias tuvo qué ver en el asesinato de Roberto Velasco Bravo, el jefe de la división de crimen organizado del departamento de seguridad pública, perpetrado el 1 de mayo. Cuando lo detuvieron, Montes Garfias tenía en su poder documentos de varios coches que usaban otros oficiales de alto rango de la policía federal, en los que aparecían nombres, números de placas de circulación y modelos.
Los fiscales dicen que policías corruptos pasaron información a los gatilleros que asesinaron a Omar Ramírez, un comandante de alto rango de la AFI, en septiembre pasado cuando conducía por una calle muy transitada en el centro de la Ciudad de México. Ramírez había salido de su oficina para asistir a una reunión urgente a una hora inusual, y, no obstante, los gatilleros conocían la ruta que seguiría. Los fiscales dicen que lo mataron porque estaba avanzando demasiado en la investigación del Cártel del Golfo.
No obstante, algunos comandantes de la policía dicen que policías corruptos son un problema menor en comparación con la falta de información sobre los narcotraficantes. También se quejan de que las unidades de inteligencia del ejército y la policía no comparten información mientras no estén a punto de llevar a cabo una redada, ya que existe el temor de filtraciones.
El comisionado Javier Herrera Valles supervisó las acciones ordenadas por Calderón para restablecer el orden en varios estados durante 10 meses, hasta que lo degradaron en febrero pasado por criticar abiertamente las operaciones en una carta enviada al Presidente.
Herrera sostiene que la policía federal está actuando con base en pedacitos de informaciones, como datos que proporcionan personas en llamadas anónimas. Tienen muy poca evidencia contundente de los policías encubiertos, de la intervención de teléfonos o de la vigilancia. Las operaciones consisten en detener camiones en los retenes y en patrullajes interminables por los barrios, explicó.
"No tienen una buena recopilación de inteligencia", dijo en una entrevista. "Patrullábamos sin ninguna dirección. Ibamos en círculos, nada más".
Calderón y sus altos funcionarios de seguridad no están de acuerdo. Señalan que el gobierno ha confiscado cantidades récord de cocaína, marihuana y armas en el último año y medio. También han detenido veintenas de personas presuntamente asesinos a sueldo de los cárteles, junto con un puñado de narcotraficantes de alto nivel.
COMENTARIO DEL BLOG:
Existen muchos absurdos en la que acontecio, ¿Cómo puede ser posible que un mando de la envergadura de Millan, fuese acompañado por solo dos personas como escolta?; es digno de resaltar las condiciones donde se dio el atentado al jefe policaco, de noche, en su casa, o en el pasillo de esa vecindad, con solo dos escoltas, a una hora que solo alguien que diera seguimiento puntual de las actividades del Jefe Millan pudiese saber e incluso saber de quienes se acompañaba y la capacidad de respuesta en fuego real de la escolta y el Comisario.
La penetración del narco es real e inminente, así como que ahora el Cuerpo Federal de Policía esta sin cabeza operativa real, por tanto tenemos una "tropa" desmoralizda (¡imaginate, si eso le paso al Jefe Millan que no puede pasarle a un policía de bajo rango!); mal pagados, y con mas enemigos dentro de la propia institución, donde bajo la premisa de un supuesto limpiamiento el actual Secretario dio de baja (en muchos casos sin cumplir con los requisitos de procedibilidad administrativa, según se leé por denuncia de los dados de baja), a cientos de elementos que venian de la antigua y prestigiada Policía Federal de Caminos.
Así es pues que ahora que la guerra es mas dura salen a relusir las debilidades de la Policía Federal, que por falta de parque sucumbio en un ataque en Sinaloa.
Mientras el burocratismo le siga dando vueltas y embudos al presupuesto, ni el Plan Merida será oxigeno para las fuerzas policias federales, y de paso la fallida integración de la AFI será otra piedra en el zapato, menos pensar en unificar a los agentes del INM o la Fiscal Federal...
sábado, 31 de mayo de 2008
sábado, 24 de mayo de 2008
Inseguridad
Depsues de varios días de ausencia retomamos nuestos comentarios.
En estos días hemos observado como la delincuencia master, es decir la delincuencia organizada ha cobrado mucho mas vicitmas, sin embargo un fenomeno que crece a la par es el de la delincuencia común, por rejemplo el día de ayer por la noche sucedio un episodio donde nuevamente probamos la impunidad de la delincuencia común, o al menos así lo apreio (por que tal pareciera que a veces los supuestos suceso de delincuentes podrían ser eventos pensados para fastidiar a la persona, es decir gente mal intencionada con objeto de venganza privada); ya anteriormente sufrimos un asalto y una serie de actos encaminados al desprestigio personal, pero ayer impunemente un sujeto penetro al lugar donde guardo mi vehículo e intento abrirlo no solo una vez sino dos, se que no soy el único que ha pasado por estas cosas, sin embargo observamos como las autoirades Municipales andan pajareando en otras cosas menos en los que en realidad es su obligación legal, las Autoridades Municipales y Comunitarias, en sus obligaciones estipuladas en los artículos 38 fracciones XVII, 42 fracción XXVIII, 55 fracciones I, IV, XI y demás relativos de la Ley Orgánica municipal del Estado de Chiapas, les explica que es menester de estas el mantener el orden y la paz de los gobernados en sus Municipios.
Los hechos demuestran que en esta lucha a río revuelto ganancia de pescadores, todos andan pensando en agarrar a cierots grupos delictivos, pero la delincuencia común que afecta al ciudadano común, pues bien gracias.
En estos días hemos observado como la delincuencia master, es decir la delincuencia organizada ha cobrado mucho mas vicitmas, sin embargo un fenomeno que crece a la par es el de la delincuencia común, por rejemplo el día de ayer por la noche sucedio un episodio donde nuevamente probamos la impunidad de la delincuencia común, o al menos así lo apreio (por que tal pareciera que a veces los supuestos suceso de delincuentes podrían ser eventos pensados para fastidiar a la persona, es decir gente mal intencionada con objeto de venganza privada); ya anteriormente sufrimos un asalto y una serie de actos encaminados al desprestigio personal, pero ayer impunemente un sujeto penetro al lugar donde guardo mi vehículo e intento abrirlo no solo una vez sino dos, se que no soy el único que ha pasado por estas cosas, sin embargo observamos como las autoirades Municipales andan pajareando en otras cosas menos en los que en realidad es su obligación legal, las Autoridades Municipales y Comunitarias, en sus obligaciones estipuladas en los artículos 38 fracciones XVII, 42 fracción XXVIII, 55 fracciones I, IV, XI y demás relativos de la Ley Orgánica municipal del Estado de Chiapas, les explica que es menester de estas el mantener el orden y la paz de los gobernados en sus Municipios.
Los hechos demuestran que en esta lucha a río revuelto ganancia de pescadores, todos andan pensando en agarrar a cierots grupos delictivos, pero la delincuencia común que afecta al ciudadano común, pues bien gracias.
sábado, 10 de mayo de 2008
CABILDO.
I. (Del latín capitulum) cuerpo de eclesiásticos capitulares de una iglesia. Sinónimo de ayuntamiento. Junta celebrada por el cabildo o también sala donde se celebra el cabildo.
El cabildo es el antecedente más antiguo del ayuntamiento en la época colonial de América Latina, pues se identifica con los concejos medievales españoles que surgieron de la decadencia, ya evidente en los siglos XVI y XVII, del municipio de origen romano.
Cabildo, sinónimo de ayuntamiento es la denominación que se ha dado al órgano colegiado que constituye hoy día la autoridad política más importante del municipio libre. Con el nombre de cabildos, los concejos de las ciudades y pueblos coloniales, eran instalados mediante el otorgamiento de fueros que se conferían a los intereses locales, para dotar de gobiernos autónomos a las ciudades y pueblos tanto de España como de América Latina. A los cargos que se desempeñaban en los cabildos se les llamaban oficios concejiles. Se contaban entre estos últimos, los cargos de alcaldes, regidores, procuradores, alférez real, fieles ejecutores, mayordomos, escribanos públicos y corredores de lonja. En la primera etapa de su establecimiento, algunos oficios concejiles eran objeto de subasta pública. Esto último propició que dichos oficios fuesen adquiridos por el mejor postor, en detrimento de la administración democrática de los intereses de la colectividad, que había hecho de los primeros municipios del México colonial vigorosas modalidades de gobierno autónomo. De las recopilaciones de la Legislación de Indias de 1680, citadas por la doctrina, se desprende que los oficios concejiles como los de regidores, alguaciles mayores y escribanos de pueblos de Indias, eran enajenables, y en los remates de pública almoneda se recomendaba preferir en ellos a descubridores y pobladores, bajo la prohibición expresa de recurrir a elecciones.
REGIDORES
En el lenguaje castizo, el regidor rige o gobierna, así lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por ello en el campo de la ciencia jurídica, acotar su concepto, nos conduce a la aplicación e interpretación del derecho de los órganos de gobierno y administración de la primera expresión de organización política y administrativa del Estado mexicano: el municipio.
Derecho constitucional. Los regidores llamados también concejales, como este último vocablo lo indica, son representantes populares, electos en forma directa por los vecinos de la población municipal para asumir la titularidad de miembro o integrante del ayuntamiento que constituye el órgano de gobierno municipal. Bielsa, asegura que el sentido etimológico del vocablo concejal, concuerda con su función que es la de representar al conjunto de vecinos de una localidad, dentro del consejo. La C de 1917 concibió la democratización de la vida municipal con el establecimiento, en su artículo 115 de una forma de gobierno que surge del procedimiento electoral directo y que se mantiene inalterable bajo el principio de que los ayuntamientos de elección popular directa constituyen el gobierno de la entidad municipal.
De lo anterior se sigue que los regidores, elegidos en las comunidades municipales como su propia acepción lo indica, suelen vincularse a los intereses vecinales de la jurisdicción y, por lo tanto, representan en la forma de gobierno municipal al elemento democrático más auténtico del Estado mexicano, al menos así se entiende teóricamente, por que en la practica no se ve a un regidor visitando la obra de los barrios que debería representar, ni por error lo vemos consultando a los comités vecinales, o recogiendo propuestas, mucho menos planteando sus ideas propias, no mas bien andan por el parque tomando café y boleándose los zapatos, buscando como grillar a los demás compañeros o al propio presidente municipal.
Privan en el ámbito de la democracia municipal que involucra a los regidores dos principios esenciales: a) La no reelección, y por lo tanto los regidores según lo ordena el artículo 115 constitucional, no pueden reelegirse en el periodo inmediato de gobierno de su municipio. b) La representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, independientemente del número de sus habitantes A través de este último, y según - las modalidades que se adopten en cada entidad federativa dentro de la legislación electoral aplicable, los candidatos a regidores de los partidos políticos que participen en las elecciones de los ayuntamientos, se benefician del principio mencionado, a partir de las reformas constitucionales del 4 de octubre de 1977 y con posterioridad las del 3 de febrero de 1983 en las cuales desaparece el límite de 300,000 o más habitantes, para ser aplicable en todos los municipios. Moisés Ochoa Campos, refiriéndose a este aspecto de la reforma política, y con respecto a la primera de las reformas citadas, advierte que ''las entidades federativas, en ejercicio de su soberanía, decidieron en la generalidad de los casos integrar los ayuntamientos de sus capitales con el sistema mixto de mayoría con variantes proporcionales, aun cuando sus ciudades capitales, no lleguen en algunos casos a tener una población de 300,000 o más habitantes''.
En el Derecho administrativo. Los regidores en esta rama del derecho Público son órganos del gobierno municipal que administran los diversos ramos en que se clasifican las atribuciones del municipio frente a sus habitantes, a saber: el funcionamiento de los servicios públicos, tales como los mercados, el agua potable, rastros, espectáculos, cementerios, tesorería y en su caso las suplencias de la presidencia municipal. Este concepto, que deviene de la aplicación en la práctica de algunas leyes orgánicas de los municipios del país y de la forma en que se estructuran sus propias administraciones públicas, no dista mucho del concepto de los regidores en derecho indiano, en el cual el regidor tenía facultades ejecutivas muy importantes relacionadas con la administración de la ciudad entre las que se contaban la policía, urbanismo, abastos, licencias, salud pública y todo cuanto concernía ''al haber temporal y espiritual de la ciudad''.
Esto es lo que debería ser no lo que es en realidad, pero como no se tiene ni las mas remota idea de que funciones desempeña un regidor las dichosas comisiones no funcionan y todo se centraliza al presidente y sus directores.
El cabildo es el antecedente más antiguo del ayuntamiento en la época colonial de América Latina, pues se identifica con los concejos medievales españoles que surgieron de la decadencia, ya evidente en los siglos XVI y XVII, del municipio de origen romano.
Cabildo, sinónimo de ayuntamiento es la denominación que se ha dado al órgano colegiado que constituye hoy día la autoridad política más importante del municipio libre. Con el nombre de cabildos, los concejos de las ciudades y pueblos coloniales, eran instalados mediante el otorgamiento de fueros que se conferían a los intereses locales, para dotar de gobiernos autónomos a las ciudades y pueblos tanto de España como de América Latina. A los cargos que se desempeñaban en los cabildos se les llamaban oficios concejiles. Se contaban entre estos últimos, los cargos de alcaldes, regidores, procuradores, alférez real, fieles ejecutores, mayordomos, escribanos públicos y corredores de lonja. En la primera etapa de su establecimiento, algunos oficios concejiles eran objeto de subasta pública. Esto último propició que dichos oficios fuesen adquiridos por el mejor postor, en detrimento de la administración democrática de los intereses de la colectividad, que había hecho de los primeros municipios del México colonial vigorosas modalidades de gobierno autónomo. De las recopilaciones de la Legislación de Indias de 1680, citadas por la doctrina, se desprende que los oficios concejiles como los de regidores, alguaciles mayores y escribanos de pueblos de Indias, eran enajenables, y en los remates de pública almoneda se recomendaba preferir en ellos a descubridores y pobladores, bajo la prohibición expresa de recurrir a elecciones.
REGIDORES
En el lenguaje castizo, el regidor rige o gobierna, así lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por ello en el campo de la ciencia jurídica, acotar su concepto, nos conduce a la aplicación e interpretación del derecho de los órganos de gobierno y administración de la primera expresión de organización política y administrativa del Estado mexicano: el municipio.
Derecho constitucional. Los regidores llamados también concejales, como este último vocablo lo indica, son representantes populares, electos en forma directa por los vecinos de la población municipal para asumir la titularidad de miembro o integrante del ayuntamiento que constituye el órgano de gobierno municipal. Bielsa, asegura que el sentido etimológico del vocablo concejal, concuerda con su función que es la de representar al conjunto de vecinos de una localidad, dentro del consejo. La C de 1917 concibió la democratización de la vida municipal con el establecimiento, en su artículo 115 de una forma de gobierno que surge del procedimiento electoral directo y que se mantiene inalterable bajo el principio de que los ayuntamientos de elección popular directa constituyen el gobierno de la entidad municipal.
De lo anterior se sigue que los regidores, elegidos en las comunidades municipales como su propia acepción lo indica, suelen vincularse a los intereses vecinales de la jurisdicción y, por lo tanto, representan en la forma de gobierno municipal al elemento democrático más auténtico del Estado mexicano, al menos así se entiende teóricamente, por que en la practica no se ve a un regidor visitando la obra de los barrios que debería representar, ni por error lo vemos consultando a los comités vecinales, o recogiendo propuestas, mucho menos planteando sus ideas propias, no mas bien andan por el parque tomando café y boleándose los zapatos, buscando como grillar a los demás compañeros o al propio presidente municipal.
Privan en el ámbito de la democracia municipal que involucra a los regidores dos principios esenciales: a) La no reelección, y por lo tanto los regidores según lo ordena el artículo 115 constitucional, no pueden reelegirse en el periodo inmediato de gobierno de su municipio. b) La representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, independientemente del número de sus habitantes A través de este último, y según - las modalidades que se adopten en cada entidad federativa dentro de la legislación electoral aplicable, los candidatos a regidores de los partidos políticos que participen en las elecciones de los ayuntamientos, se benefician del principio mencionado, a partir de las reformas constitucionales del 4 de octubre de 1977 y con posterioridad las del 3 de febrero de 1983 en las cuales desaparece el límite de 300,000 o más habitantes, para ser aplicable en todos los municipios. Moisés Ochoa Campos, refiriéndose a este aspecto de la reforma política, y con respecto a la primera de las reformas citadas, advierte que ''las entidades federativas, en ejercicio de su soberanía, decidieron en la generalidad de los casos integrar los ayuntamientos de sus capitales con el sistema mixto de mayoría con variantes proporcionales, aun cuando sus ciudades capitales, no lleguen en algunos casos a tener una población de 300,000 o más habitantes''.
En el Derecho administrativo. Los regidores en esta rama del derecho Público son órganos del gobierno municipal que administran los diversos ramos en que se clasifican las atribuciones del municipio frente a sus habitantes, a saber: el funcionamiento de los servicios públicos, tales como los mercados, el agua potable, rastros, espectáculos, cementerios, tesorería y en su caso las suplencias de la presidencia municipal. Este concepto, que deviene de la aplicación en la práctica de algunas leyes orgánicas de los municipios del país y de la forma en que se estructuran sus propias administraciones públicas, no dista mucho del concepto de los regidores en derecho indiano, en el cual el regidor tenía facultades ejecutivas muy importantes relacionadas con la administración de la ciudad entre las que se contaban la policía, urbanismo, abastos, licencias, salud pública y todo cuanto concernía ''al haber temporal y espiritual de la ciudad''.
Esto es lo que debería ser no lo que es en realidad, pero como no se tiene ni las mas remota idea de que funciones desempeña un regidor las dichosas comisiones no funcionan y todo se centraliza al presidente y sus directores.
Dignidad política.
Cuando hablamos de dignidad nos remontamos a uno de los valores humanos mas grandes, la dignidad nos hace fuertes, nos da la entereza para afrontar los problemas de la vida cotidiana, un hombre puede ser pobre económicamente hablando, pero su dignidad lo hace grande.
La perdida de este valor afecta a sociedades enteras y sus formas de asociación, ejemplo de ello los partidos políticos; vivimos en una época de decadencia social, reflejo entonces de decadencia política y de los políticos.
Sin dignidad los hombres dejan de ser eso “hombres” la dignidad no tiene precio, aunque algunos se venden y con ello su dignidad de por medio, los hombres dignos (no confundir la dignidad con el orgullo) son hombres concientes de las necesidades de los demás pues tratan a sus semejantes como les gusta que los traten a ellos mismos; y en el caso de la política y los institutos partidarios necesitamos de hombres y mujeres dignos, dignos de confianza, dignos de ser llamados candidatos y posteriormente ser electos para el puesto deseado.
San Cristóbal del Las Casas, se ha distinguido mundialmente por muchas cosas, su cultura, arquitectura, su historia y por que no sus hombres dignos, destacados en las ciencias y artes.
Necesitamos pues candidatos que propongan políticas sociales mas humanas, que lleguen al corazón de la gente, necesitamos impulsar la economía familiar primero para después fortalecer a las grandes empresas, obra social.
Hablemos con los sectores sociales, los que votan, los artesanos, campesinos (que están escasos por la crisis del campo), comerciantes, transportistas, maestros, amas de casa, jóvenes, etc. Ellos tienen necesidades especificas y prioridades que bien se pueden atender o canalizar a quien corresponda.
Y ya que mencionamos al sector juvenil, vamos a hablar del sector siempre mencionado pero nunca tomado en cuenta a la hora de la representación popular, en las campañas políticas siempre se habla de los jóvenes, de la necesidad de atender a este sector, pero no pasa de las propuestas, solo se nos usa para poner el cartel, sonar la matraca y organizar la porra, pero no para puestos reales, y en el PRI, la representación la han ostentado personas sin militancia y sin trabajo político previo, sin proyecto para los jóvenes, mi propuesta será la creación del Instituto Municipal de la Juventud en esta ciudad, no es algo nuevo ya existe en otros municipios, pero se puede imprimir con ello una nueva dinámica para la atención de los jóvenes, por que la actual estructura no corresponde a las necesidades de los jóvenes, actualmente es una coordinación de juventud y deporte, pero no todos los jóvenes se inclinan por el deporte, ni todos los deportistas son futbolistas, hay diferentes ramas deportivas que no son atendidas acorde a sus necesidades, también tenemos jóvenes artistas, en fin como siempre puras buenas intenciones, pero no hay candidatos jóvenes a regidores, diputados locales o presidentes municipales con proyecto. Es mas aquí cabe también para el sector joven, necesitamos representación joven que dignifique el trabajo político, no uno que solo aspire a cobrar una muy buena lana por solo levantar su dedo para aprobar lo que su patrón le diga, por que representar a la juventud es una oportunidad y una gran responsabilidad.
La perdida de este valor afecta a sociedades enteras y sus formas de asociación, ejemplo de ello los partidos políticos; vivimos en una época de decadencia social, reflejo entonces de decadencia política y de los políticos.
Sin dignidad los hombres dejan de ser eso “hombres” la dignidad no tiene precio, aunque algunos se venden y con ello su dignidad de por medio, los hombres dignos (no confundir la dignidad con el orgullo) son hombres concientes de las necesidades de los demás pues tratan a sus semejantes como les gusta que los traten a ellos mismos; y en el caso de la política y los institutos partidarios necesitamos de hombres y mujeres dignos, dignos de confianza, dignos de ser llamados candidatos y posteriormente ser electos para el puesto deseado.
San Cristóbal del Las Casas, se ha distinguido mundialmente por muchas cosas, su cultura, arquitectura, su historia y por que no sus hombres dignos, destacados en las ciencias y artes.
Necesitamos pues candidatos que propongan políticas sociales mas humanas, que lleguen al corazón de la gente, necesitamos impulsar la economía familiar primero para después fortalecer a las grandes empresas, obra social.
Hablemos con los sectores sociales, los que votan, los artesanos, campesinos (que están escasos por la crisis del campo), comerciantes, transportistas, maestros, amas de casa, jóvenes, etc. Ellos tienen necesidades especificas y prioridades que bien se pueden atender o canalizar a quien corresponda.
Y ya que mencionamos al sector juvenil, vamos a hablar del sector siempre mencionado pero nunca tomado en cuenta a la hora de la representación popular, en las campañas políticas siempre se habla de los jóvenes, de la necesidad de atender a este sector, pero no pasa de las propuestas, solo se nos usa para poner el cartel, sonar la matraca y organizar la porra, pero no para puestos reales, y en el PRI, la representación la han ostentado personas sin militancia y sin trabajo político previo, sin proyecto para los jóvenes, mi propuesta será la creación del Instituto Municipal de la Juventud en esta ciudad, no es algo nuevo ya existe en otros municipios, pero se puede imprimir con ello una nueva dinámica para la atención de los jóvenes, por que la actual estructura no corresponde a las necesidades de los jóvenes, actualmente es una coordinación de juventud y deporte, pero no todos los jóvenes se inclinan por el deporte, ni todos los deportistas son futbolistas, hay diferentes ramas deportivas que no son atendidas acorde a sus necesidades, también tenemos jóvenes artistas, en fin como siempre puras buenas intenciones, pero no hay candidatos jóvenes a regidores, diputados locales o presidentes municipales con proyecto. Es mas aquí cabe también para el sector joven, necesitamos representación joven que dignifique el trabajo político, no uno que solo aspire a cobrar una muy buena lana por solo levantar su dedo para aprobar lo que su patrón le diga, por que representar a la juventud es una oportunidad y una gran responsabilidad.
lunes, 5 de mayo de 2008
Legitima Defensa
Se ha dado que la política criminal, entendida como la disciplina que orienta los fines de la pena y cumple una función critica del derecho penal, surge en Italia a las ideas de los prácticos del derecho. Según informa Kleinschord y Bossio citados por Liszt las cuestiones político-criminales no fueron tratadas por glosadores, ni prácticos del derecho. A partir del siglo XVII algunos autores del derecho criminal abordaron en tema, entre ellos se destacan Broya, Scaccia y Novell. Alcanzando un importante reconocimientos bajo los postulados tutelados y formulados por Becaria que asume una función critica del ordenamiento penal, con un sentido limitador del poder punitivo del estado propio del pensamiento ilustrado, para ser finalmente acogida con una visión distinta por doctrinarios como Romagnosi, Filangieri, hasta llegar a Carrara.
La tendencia de carácter político-criminal se dice fue recepcionada en Alemania como movimiento reformador, a partir de 1765, dándole carácter científico dentro del pensamiento Tudesco mencionándose Schott, Sodem, Gmelin. La intención de la política criminal, como una disciplina distinta del derecho penal, se inicia en 1705 con los ensayos precursores de Bodino y Thomasio, para consolidarse en el pensamiento critica de Kleinsord, Henke y Richter; a la política criminal se le distingue entre otras ciencias como una disciplina auxiliar del derecho criminal.
Von Liszt define a la política criminal como una ciencia que tiene su fundamento de carácter antropológico y sociológico, en la determinación de los orígenes del delito para poder configurar un efectivo modelo de defensa social dentro de la cual, la política criminal como parte integrante de la ciencia del derecho penal. La finalidad de la política criminal no tiene fines pedagógicos, su misión se vincula a la política, Liszt denomina criminalpolitik o política criminal para distinguirla de la strafpolitik o política penal, se indica los dos polos entorno de los cuales de desenvuelve toda doctrina política son el fin y los medios, la política criminal trata del fin, en los medios la política penal de los medios, como fin. La primera estudia el delito profilácticamente y los medios, penas y medidas para combatirla y prevenirla solo en vista de ese fin. Mientras la otra solo medios represivos, penas valoradas como fines.
Podríamos indicar que desde su origen la política criminal ha estado vinculada a la dogmática jurídico-penal, y que la censura proclamada entre ambas disciplinas, en esta época se ha difuminado a través de una línea de pensamiento, que acepta que las finalidades político-criminales tienen ciertos niveles de ascendencia respecto de la estructura de la dogmática, aunque reconociendo limites entre ambas, fundando dichos limites en principio constitucionales los cuales se entienden como rectores de la política criminal en los estados constitucionales.
CONCEPTO DE POLÍTICA CRIMINAL.
Para Ferverbach la política criminal es la sabiduría legisladora del estado o la ciencia política de legislar. Liszt entendió en su obra función de la política criminal que esta consistía en: “El contenido sistemático de principios garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena, según los cuales el estado dirige la lucha contra el delito por medio de la pena y de sus formas de ejecución”.
Para Zipf la política criminal es la obtención y realización de criterios directivos en el ámbito de la justicia criminal. Velásquez señala, que desde la perspectiva vasta, la política criminal debe entenderse como política jurídica en el ámbito de la justicia penal, y desde una visión restrictiva es la disciplina que se ocupa de cómo configurar el derecho penal de la forma mas eficaz posible para que se pueda cumplir son su tarea de protección a la sociedad; se fija por ello en las causas del delito e intenta comprobar la eficacia de las sanciones penales y pondera los limites hasta donde pueda extenderse el legislador del derecho penal para coartar lo menos posible la libertad y las garantías ciudadanas.
FUNCION DE LA POLÍTICA CRIMINAL.
El área en la cual se desarrolla la política criminal es compleja, pues constituyendo esta modalidad de las políticas del estado entendemos el termino política en el sentido que lo puntualiza Besson, como formas de intervención del poder que constituyen procedimientos de ordenación y dirección. Se añade que la política criminal se entiende como una opción de la política criminal general del estado o de la política social que entraña como objeto una situación no solo compleja, sino problemática, como lo es la realidad social, y que precisa por ello que la política criminal este ligada a otras disciplinas de la criminología; la distinción que media entre la política criminal y la política criminal teórica, la primera se sitúa como la totalidad de labores empíricas que tienen por objeto evitar el delito y por ende la protección de las personas; la segunda hace referencia al saber racional que debe informar a las actividades político-criminales practicas, dándole sentido de autocontención.
La política criminal se vincula de manera esencial respecto de la dogmática a aspectos como:
1. Desarrollar una función orientadora respecto de legislar, para la innovación de los mecanismos desde el ámbito del derecho penal, proponiendo nuevas instituciones sobre el reforzamiento de tutela de los bienes jurídicos mas trascendentes.
2. Es útil también para dar pautas interpretativas de carácter general a la sistemática penal, cumpliendo una función teleologica, lo cual es admitido siempre que se mantenga el limite del mandato de certeza, en cuanto signifique un perjuicio para los justiciables.
* Apuntes de la Maestria en Ciencias Penales con especilidad en Jurídico Penal. 2005-2007
La tendencia de carácter político-criminal se dice fue recepcionada en Alemania como movimiento reformador, a partir de 1765, dándole carácter científico dentro del pensamiento Tudesco mencionándose Schott, Sodem, Gmelin. La intención de la política criminal, como una disciplina distinta del derecho penal, se inicia en 1705 con los ensayos precursores de Bodino y Thomasio, para consolidarse en el pensamiento critica de Kleinsord, Henke y Richter; a la política criminal se le distingue entre otras ciencias como una disciplina auxiliar del derecho criminal.
Von Liszt define a la política criminal como una ciencia que tiene su fundamento de carácter antropológico y sociológico, en la determinación de los orígenes del delito para poder configurar un efectivo modelo de defensa social dentro de la cual, la política criminal como parte integrante de la ciencia del derecho penal. La finalidad de la política criminal no tiene fines pedagógicos, su misión se vincula a la política, Liszt denomina criminalpolitik o política criminal para distinguirla de la strafpolitik o política penal, se indica los dos polos entorno de los cuales de desenvuelve toda doctrina política son el fin y los medios, la política criminal trata del fin, en los medios la política penal de los medios, como fin. La primera estudia el delito profilácticamente y los medios, penas y medidas para combatirla y prevenirla solo en vista de ese fin. Mientras la otra solo medios represivos, penas valoradas como fines.
Podríamos indicar que desde su origen la política criminal ha estado vinculada a la dogmática jurídico-penal, y que la censura proclamada entre ambas disciplinas, en esta época se ha difuminado a través de una línea de pensamiento, que acepta que las finalidades político-criminales tienen ciertos niveles de ascendencia respecto de la estructura de la dogmática, aunque reconociendo limites entre ambas, fundando dichos limites en principio constitucionales los cuales se entienden como rectores de la política criminal en los estados constitucionales.
CONCEPTO DE POLÍTICA CRIMINAL.
Para Ferverbach la política criminal es la sabiduría legisladora del estado o la ciencia política de legislar. Liszt entendió en su obra función de la política criminal que esta consistía en: “El contenido sistemático de principios garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena, según los cuales el estado dirige la lucha contra el delito por medio de la pena y de sus formas de ejecución”.
Para Zipf la política criminal es la obtención y realización de criterios directivos en el ámbito de la justicia criminal. Velásquez señala, que desde la perspectiva vasta, la política criminal debe entenderse como política jurídica en el ámbito de la justicia penal, y desde una visión restrictiva es la disciplina que se ocupa de cómo configurar el derecho penal de la forma mas eficaz posible para que se pueda cumplir son su tarea de protección a la sociedad; se fija por ello en las causas del delito e intenta comprobar la eficacia de las sanciones penales y pondera los limites hasta donde pueda extenderse el legislador del derecho penal para coartar lo menos posible la libertad y las garantías ciudadanas.
FUNCION DE LA POLÍTICA CRIMINAL.
El área en la cual se desarrolla la política criminal es compleja, pues constituyendo esta modalidad de las políticas del estado entendemos el termino política en el sentido que lo puntualiza Besson, como formas de intervención del poder que constituyen procedimientos de ordenación y dirección. Se añade que la política criminal se entiende como una opción de la política criminal general del estado o de la política social que entraña como objeto una situación no solo compleja, sino problemática, como lo es la realidad social, y que precisa por ello que la política criminal este ligada a otras disciplinas de la criminología; la distinción que media entre la política criminal y la política criminal teórica, la primera se sitúa como la totalidad de labores empíricas que tienen por objeto evitar el delito y por ende la protección de las personas; la segunda hace referencia al saber racional que debe informar a las actividades político-criminales practicas, dándole sentido de autocontención.
La política criminal se vincula de manera esencial respecto de la dogmática a aspectos como:
1. Desarrollar una función orientadora respecto de legislar, para la innovación de los mecanismos desde el ámbito del derecho penal, proponiendo nuevas instituciones sobre el reforzamiento de tutela de los bienes jurídicos mas trascendentes.
2. Es útil también para dar pautas interpretativas de carácter general a la sistemática penal, cumpliendo una función teleologica, lo cual es admitido siempre que se mantenga el limite del mandato de certeza, en cuanto signifique un perjuicio para los justiciables.
* Apuntes de la Maestria en Ciencias Penales con especilidad en Jurídico Penal. 2005-2007
viernes, 2 de mayo de 2008
Apuntes sobre el aspecto social y religioso de las emisoras de radio
Legitima Defensa...
El gran principio de México es que es laico y nacionalista, logrado esto en base a muchos años de lucha de gente sencilla pero que ofrendaron su vida para lograr un México no sujeto a la imposición del principio religioso como eje rector de la actividad.
La proliferación de estaciones de radio de corte religioso en la región de los altos de Chiapas ha establecido un principio común que es la competencia por la feligresía pasando por encima de la normativa jurídica que regula la concesión para la operación de radiodifusoras.
Bajo este tenor las diferentes expresiones religiosas pretenden mantener una feligresía cautiva mediante el uso no normado de estaciones de radio, lo cual supone una flagrante violación al principio rector de la laicidad del estado mexicano.
Las expresiones religiosas en su afán de mantenerse en la palestra pueden recurrir a establecer estrategias de penetración siempre y cuando éstas no trasgredan el principio establecido y se afecten a terceros. El esquema de culto y de transmisión del evangelio que la cúpula religiosa de que se trate busque hacer llegar a su grey debiera estar regida por la no afectación de intereses de la colectividad.
Si bien es cierto, la tolerancia debe ser factor básico para la convivencia, ésta también debe mantener esquemas de respeto, no agresión y de la búsqueda de un bien común.
Las expresiones religiosas tradicionalmente han utilizado panfletos, revistas y volantes para expresar su línea de fe, aquí quien quiere hace uso de dichos documentos, pero no pasa lo mismo con la radio, retomándose el hecho de que una importante mayoría de personas que se dedican al autotransporte colectivo se sintonizan a las estaciones de corte religioso que en un momento dado puede agredir a quien no comulgan con la expresión de referencia.
Es de observar lo estipulado en la Ley Federal de Radiodifusión en su artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.
Se decía que las transmisiones de radio tenían como objetivo normar entre la feligresía de determina expresión religiosa criterios sobre su dogma de fe, pero el uso indiscriminado o no selectivo entre transportistas, y algunos comercios rebasa el esquema o espíritu inicial de la transmisión.
En el contexto social las transmisiones de radio con corte religioso pudieran ayudar a erradicar prácticas nocivas como el alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, etc. No obstante la proliferación de éstas al ritmo acelerado en que se está dando supone el establecimiento de un esquema anárquico en los medios de comunicación, en base a:
• Cualquiera buscara instalar su propio medio de comunicación masivo, para la transmisión inclusive de aspectos que vayan más allá de la propia tolerancia.
• Es fácil observar el manejo de intereses e incluso de tipo comercial que se está dando en estas estaciones de radio no normadas.
Partiendo de la base del principio del laicisismo de México ninguna expresión religiosa puede ser objeto de concesión para la operación de medios de comunicación masivo por el elevado riesgo que trae consigo este tipo de práctica y que lejos de unificar su tendencia es la división de la célula principal de la sociedad que es la Familia.
La tolerancia termina cuando se pretende transgredir los intereses de terceros y la proliferación de radios de corte religioso no regulados va con dirección al anarquismo por los argumentos que quienes dirigen éstas pueden dar para la continuidad de sus operaciones.
Con los cambios políticos y sociales a consecuencia del movimiento armado de 1994, dio origen al aprovechamiento radial como medio de difusión de ideas diversas, con ello a la par nacen las radios de corte religioso, sin embargo dentro de este fenómeno hay quienes comenzaron a fundar radiodifusoras que en un principio se centraron a la difusión de ideas culturales, políticas y religiosas, y que en el devenir del tiempo han sido usadas como radios comerciales o bien de corte informativo con tendencias criticas a los gobiernos Municipales y el gobierno Estatal, con la finalidad de coaccionar a funcionarios y obtener beneficios económicos y políticos. Estas radios que podemos definir como rémoras de las radios con tendencias religiosas, usan a su favor el alegato de la libertad de expresión y en un momento dado invitan o “ceden” espacios a lideres religiosos con tal de beneficiarse del trato que las instancias de gobierno encargadas de tratar este asunto prodigan a estos lideres religiosos.
En el marco legal en el caso de las asociaciones religiosas se debe observar lo estipulado en el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y lo estipulado en los numerales 30 y 31 del reglamento de esa misma Ley; la observación va en el sentido que estos artículos no corresponden a la realidad social actual y por tanto son letra muerta, lo que señala la conveniencia de adecuar las leyes en la materia.
Con respecto a las sanciones es de mencionar el artículo 104Bis.- El que sin concesión o permiso del Ejecutivo Federal opere o explote estaciones de radiodifusión, sin perjuicio de la multa prevista en el artículo 103, perderá en beneficio de la Nación todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la operación o explotación de la estación de que se trate.
Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de alguno de esos hechos procederá al aseguramiento de las construcciones, destinados a la operación o explotación de la estación de que se trate, poniéndolos bajo la custodia del depositario interventor que ésta designe. En el momento de la diligencia se notificará al presunto las pruebas y defensas pertinentes. Transcurrido éste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dictará la resolución que corresponda. (ARTICULO 103.- Se impondrá multa de cinco mil a cincuenta mil pesos en los casos de las fracciones I, II, III, VIII, XIII, XXI, XXII y XXIII del artículo 101 de esta Ley.)
Dejando a un lado la situación jurídica de las radios no concesionadas, uno de los factores negativos que encierra el uso de estos medios de comunicación, es la intromisión de agentes externos, sean políticos, religiosos con tendencia radical o económicos, pues una radio pirata que inicio transmisiones con el fin de difundir un tema cultural o religioso basado en el credo de una agrupación o secta posteriormente cambia su objetivo primario, incluyendo en primer término anuncio de corte comercial y por medio de la difusión de esa propaganda obtienen recurso económicos para su subsistencia; por otro lado se emplea la venta de espacios para la difusión de contenidos de actores políticos y sociales que difunden sin mas una serie de discursos que contienen ideas que llaman al radicalismo social, empleando una verborrea que mueva la fe del radioescucha para finalmente hacer una mezcla con ideas de corte político.
El gran principio de México es que es laico y nacionalista, logrado esto en base a muchos años de lucha de gente sencilla pero que ofrendaron su vida para lograr un México no sujeto a la imposición del principio religioso como eje rector de la actividad.
La proliferación de estaciones de radio de corte religioso en la región de los altos de Chiapas ha establecido un principio común que es la competencia por la feligresía pasando por encima de la normativa jurídica que regula la concesión para la operación de radiodifusoras.
Bajo este tenor las diferentes expresiones religiosas pretenden mantener una feligresía cautiva mediante el uso no normado de estaciones de radio, lo cual supone una flagrante violación al principio rector de la laicidad del estado mexicano.
Las expresiones religiosas en su afán de mantenerse en la palestra pueden recurrir a establecer estrategias de penetración siempre y cuando éstas no trasgredan el principio establecido y se afecten a terceros. El esquema de culto y de transmisión del evangelio que la cúpula religiosa de que se trate busque hacer llegar a su grey debiera estar regida por la no afectación de intereses de la colectividad.
Si bien es cierto, la tolerancia debe ser factor básico para la convivencia, ésta también debe mantener esquemas de respeto, no agresión y de la búsqueda de un bien común.
Las expresiones religiosas tradicionalmente han utilizado panfletos, revistas y volantes para expresar su línea de fe, aquí quien quiere hace uso de dichos documentos, pero no pasa lo mismo con la radio, retomándose el hecho de que una importante mayoría de personas que se dedican al autotransporte colectivo se sintonizan a las estaciones de corte religioso que en un momento dado puede agredir a quien no comulgan con la expresión de referencia.
Es de observar lo estipulado en la Ley Federal de Radiodifusión en su artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.
Se decía que las transmisiones de radio tenían como objetivo normar entre la feligresía de determina expresión religiosa criterios sobre su dogma de fe, pero el uso indiscriminado o no selectivo entre transportistas, y algunos comercios rebasa el esquema o espíritu inicial de la transmisión.
En el contexto social las transmisiones de radio con corte religioso pudieran ayudar a erradicar prácticas nocivas como el alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, etc. No obstante la proliferación de éstas al ritmo acelerado en que se está dando supone el establecimiento de un esquema anárquico en los medios de comunicación, en base a:
• Cualquiera buscara instalar su propio medio de comunicación masivo, para la transmisión inclusive de aspectos que vayan más allá de la propia tolerancia.
• Es fácil observar el manejo de intereses e incluso de tipo comercial que se está dando en estas estaciones de radio no normadas.
Partiendo de la base del principio del laicisismo de México ninguna expresión religiosa puede ser objeto de concesión para la operación de medios de comunicación masivo por el elevado riesgo que trae consigo este tipo de práctica y que lejos de unificar su tendencia es la división de la célula principal de la sociedad que es la Familia.
La tolerancia termina cuando se pretende transgredir los intereses de terceros y la proliferación de radios de corte religioso no regulados va con dirección al anarquismo por los argumentos que quienes dirigen éstas pueden dar para la continuidad de sus operaciones.
Con los cambios políticos y sociales a consecuencia del movimiento armado de 1994, dio origen al aprovechamiento radial como medio de difusión de ideas diversas, con ello a la par nacen las radios de corte religioso, sin embargo dentro de este fenómeno hay quienes comenzaron a fundar radiodifusoras que en un principio se centraron a la difusión de ideas culturales, políticas y religiosas, y que en el devenir del tiempo han sido usadas como radios comerciales o bien de corte informativo con tendencias criticas a los gobiernos Municipales y el gobierno Estatal, con la finalidad de coaccionar a funcionarios y obtener beneficios económicos y políticos. Estas radios que podemos definir como rémoras de las radios con tendencias religiosas, usan a su favor el alegato de la libertad de expresión y en un momento dado invitan o “ceden” espacios a lideres religiosos con tal de beneficiarse del trato que las instancias de gobierno encargadas de tratar este asunto prodigan a estos lideres religiosos.
En el marco legal en el caso de las asociaciones religiosas se debe observar lo estipulado en el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y lo estipulado en los numerales 30 y 31 del reglamento de esa misma Ley; la observación va en el sentido que estos artículos no corresponden a la realidad social actual y por tanto son letra muerta, lo que señala la conveniencia de adecuar las leyes en la materia.
Con respecto a las sanciones es de mencionar el artículo 104Bis.- El que sin concesión o permiso del Ejecutivo Federal opere o explote estaciones de radiodifusión, sin perjuicio de la multa prevista en el artículo 103, perderá en beneficio de la Nación todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la operación o explotación de la estación de que se trate.
Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de alguno de esos hechos procederá al aseguramiento de las construcciones, destinados a la operación o explotación de la estación de que se trate, poniéndolos bajo la custodia del depositario interventor que ésta designe. En el momento de la diligencia se notificará al presunto las pruebas y defensas pertinentes. Transcurrido éste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dictará la resolución que corresponda. (ARTICULO 103.- Se impondrá multa de cinco mil a cincuenta mil pesos en los casos de las fracciones I, II, III, VIII, XIII, XXI, XXII y XXIII del artículo 101 de esta Ley.)
Dejando a un lado la situación jurídica de las radios no concesionadas, uno de los factores negativos que encierra el uso de estos medios de comunicación, es la intromisión de agentes externos, sean políticos, religiosos con tendencia radical o económicos, pues una radio pirata que inicio transmisiones con el fin de difundir un tema cultural o religioso basado en el credo de una agrupación o secta posteriormente cambia su objetivo primario, incluyendo en primer término anuncio de corte comercial y por medio de la difusión de esa propaganda obtienen recurso económicos para su subsistencia; por otro lado se emplea la venta de espacios para la difusión de contenidos de actores políticos y sociales que difunden sin mas una serie de discursos que contienen ideas que llaman al radicalismo social, empleando una verborrea que mueva la fe del radioescucha para finalmente hacer una mezcla con ideas de corte político.
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