Legitima Defensa...

LEGITIMA DEFENSA.
Por: Félix Noé Penagos Madrigal.


Una perspectiva estratégica de la seguridad ciudadana desde el ámbito local.
Las Administraciones Públicas deben contemplar el mantenimiento de la seguridad y la convivencia como un derecho y un elemento esencial en la calidad de vida de los ciudadanos. Especialmente en lo que se refiere a la protección de los más débiles y desfavorecidos económicamente, que son quienes más sufren las consecuencias de la delincuencia y de otras conductas asóciales.
Desde el ámbito local, donde se ejerce el gobierno más próximo a los ciudadanos, también se tiene la responsabilidad de desarrollar políticas que permitan afrontar con éxito los problemas de una sociedad compleja y ofrecer alternativas a la delincuencia y la inseguridad, que cada vez afectan y preocupan más a la comunidad.
Hay que destacar que la inseguridad no es solo un problema policial. Desde una perspectiva progresista, para mejorar la seguridad, la actividad de los Cuerpos de Seguridad debe acompañarse de políticas transversales, que aborden las causas de la inseguridad y articulen la actuación integral de diferentes servicios públicos. La delincuencia y el conflicto deben ser concebidos como fenómenos multifactoriales, que requieren de respuestas interdisciplinarias. Una ciudad integradora y cohesionada socialmente es una ciudad que pone el acento en la prevención de la delincuencia.
Pero las problemáticas de inseguridad no pueden abordarse solo desde la política municipal, ya que necesitan del esfuerzo y la corresponsabilización del conjunto de las Administraciones e Instituciones Públicas. Las instancias del Gobierno estatal y federal, la Comunidad Autónoma o sociedad civil y la Administración de Justicia no pueden declararse "irresponsables" o no implicarse activamente en los problemas de seguridad del municipio.
Esta idea de responsabilidad compartida también debe extenderse a la Participación Ciudadana, porque la sociedad civil tiene el derecho y el deber de participar en la solución de los problemas de seguridad, de la misma manera que lo hace en otros aspectos de la vida del municipio.
Frente a algunas ideas imposibles y trasnochadas, que pretenden negar la responsabilidad municipal en seguridad ciudadana o situar esta preocupación en el terreno ideológico del conservadurismo político, tenemos el convencimiento de que el Gobierno Local no puede, ni debe, eludir una importante atención política a esta materia que supone (y supondrá) una de las principales preocupaciones sociales.
Así pues, se propone a los Municipios realizar una fuerte apuesta por el desarrollo de políticas de seguridad, como las que se están impulsando desde hace años en algunos ayuntamientos, con una perspectiva estratégica de largo alcance de mejora y calidad de los servicios que en este ámbito se prestan a los ciudadanos.
La realidad policial.
Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este objetivo, imprescindible para formular las consideraciones necesarias y válidas para un cambio futuro; realizamos una lectura en su aquí y ahora como de su devenir histórico en cuanto a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las actividades realizadas en contra de la delincuencia.
Consecuentemente, identificamos y citamos a continuación, una serie de presupuestos que en más o en menos, subdivididos o agrupados diferentemente, básicamente representan los más importantes y que necesariamente deben ser analizados en su conjunto.
• Conflictos con la comunidad. Distanciamiento.
• Desempeño exclusivo de tareas operativas. Eliminación de oportunidades y otras supletorias.
• Descontrol del accionar de la delincuencia. Desprotección.
• Casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.
• Inadecuada estructura institucional. Disfuncionamiento.
• Precaria e inadecuada capacitación profesional.
• Pérdida de identidad.
• Influencia política.
• Falta de recursos financieros que atiendan debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y decoro personales.
• Ídem sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente su misión específica.
La Policía tiene conflictos con su comunidad, desde el preciso instante de su creación, lo cual tiene mucho que ver con los aspectos y características de la misión a cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia de componentes más fuertes y profundos. Estos conflictos, se traducen preponderantemente en actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto grado de cuestionamiento social.
En la generalidad, todas las formaciones policiales, se dedican por imperio de la Ley, al mantenimiento del Orden Público y la Seguridad Pública a la vez que la protección de su Comunidad contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien ningún habitante reprocharía a priori, todos o alguno de estos máximos preceptos, en cambio sí lo haría, sobre la forma o manera que tiene la Policía de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y dejar bien en claro, que la policía no hace lo que quiere, sino aquello que le es ordenado, por lo que sería mediatizar nuestro estudio, si nos cerráramos, y consideramos que la problemática referida a su cuestionamiento o mal funcionamiento, nace y muere con ella.
Con respecto a sus actividades en procura del Orden Público y la Seguridad Pública como razón de Estado para el bien común, fueron históricas y sistemáticamente tergiversadas por los diferentes gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y disciplinamiento social y enmascarando, detrás de la agencia policial, además de un marcado absolutismo, la realización de intereses ideológicos y político-partidistas. Efectivamente, sus potencialidades jurídicas y corporativas (humanas y de recursos logísticos y financieros), fueron desgastadamente distraídos para la contención y/o resolución de conflictos emergentes del campo social, donde la represión policial se observó como la repuesta oficial y de primerísima línea; en lugar de destinarlas a la protección de la ciudadanía y el desarrollo comunitario.
Un tema importantísimo es el salario de los funcionarios policiales, que representa un gran problema de Estado por resolver. ¿Hasta dónde se pretende explotar la lírica de la vocación de servicio, de la integridad, de la moral y de las buenas costumbres?; ¿Cómo puede exigírseles conductas poco menos que excepcionales y anticorruptas, a quienes en muchísimas ocasiones, no tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus familias sin dinero y además, bajo condiciones laborales deplorables?. Tengamos presente que el trabajo policial es riesgoso e insalubre, por lo que una jornada de labor mínima de conformidad a los contenidos de las legislaciones nacionales y además bien pagada, es la adecuada, debida y aconsejada.
Abundaremos…