El artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa dice: “Las garantías de los Derechos del Hombre y del Ciudadano necesita una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, por lo tanto, para beneficio de todos y no para utilidad particular de aquellos que la tienen a su cargo”.
Por lo anterior y tomando en consideración los principios básicos que deberían regir cualquier servicio de orden público, enumeraré según lo expresa José Maria Rico y otros en la obra: “Policía y sociedad democrática”, publicado por la Dirección de la Seguridad del Estado, en Madrid, España, en el año 1983, que textualmente dicen:
1. La policía debe reconocer que forma parte integrante del conjunto del sistema penal, y cooperar efectivamente con los demás miembros del sistema penal: Jueces y Fiscales, y en particular con la Policía Judicial)
2. La policía debe estar al servicio de la comunidad, siendo su razón de ser la de garantizar al ciudadano el libre y pacifico ejercicio de los derechos que la ley le reconoce. Ello supone la ausencia de toda injerencia política indebida en la función policial. A la policía le corresponde, según el artículo 104 del Código Español (recuerde el lector que el estudio es dado en Madrid), la doble misión de garantizar la seguridad ciudadana y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Es decir, no solo le corresponde una posición pasiva (respeto), sino activa: garantizar su derecho.
De lo anterior se desprende el siguiente comentario personal: Si las actividades del cuerpo de seguridad, en concreto el Municipal de San Cristóbal continua siendo sujeto de esa “injerencia política indebida” no habrá jefe policíaco con la suficiente fuerza y entereza para cumplir con este doble papel en la seguridad, pues por una parte destinara gran parte de su tiempo en el agrado de esos políticos que se meten o interfieren negativamente usando a la corporación con fines de golpeteo político interior afectando la labor de seguridad, y el mando policial se desgastará con la finalidad de cuidar su chamba y no la seguridad ciudadana.
Pero el estudio de José Maria Rico continua:
3. La policía debe ser, en sus estructuras básicas y en su funcionamiento, un servicio democrático. Ello conlleva: el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos; la rigurosa aplicación del Código de Deontología Policial y la obligación de rendir cuentas de sus actividades.
En este apartado se puede remarcar el respeto a los derechos humanos, cosa que en la practica no sucede, pues cada vez son mas los casos denunciados por abusos y excesos en el uso de la fuerza, incluyendo el maltrato al interior de los propios elementos de policía, aunado al exceso en atribuciones de jueces calificadores y comandantes que usan a conveniencia las 36 horas de arresto so pretexto para la extorsión de los incautos ciudadanos, incurriendo así en retenciones arbitrarias que tienen serias consideraciones en la ley penal local. De la deontología policial ni hablar, algunos regidores pensaran que se trata de un asunto de dientes (por aquello de las mordidas), no, mas bien es el Código de Ética Policial, que por supuesto no existe, ya que el cabildo esta mas ocupado en la verborrea y politiquería que en el quehacer inherente al cargo.
4. La policía debe ser un servicio profesional. Se debe atender prioritariamente a la formación especializada de sus miembros.
En este rubro las diferencias entre la formación y conocimientos entre los policías es cada vez mas grande, pues en la corporación Municipal conviven desde ex judiciales, ex militares, ex policías estatales, etc. Hasta quienes de plano no tienen ninguna formación policíaca o provienen de ser guardias de empresas de seguridad privada, por ello los perfiles son asimétricos y asimétricas son las funciones y los mandos improvisados, pues no se aplican los criterios de la Academia Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para profesionalizar el cuerpo local de policía se requiere un estudio a fondo de la situación actual, tanto económica como técnica y jurídica, pues un policía mal pagado es un policía indispuesto a llevar a cabo cursos de formación y especialización, aunado a que deberán de aplicarse los controles de confianza necesarios para tener a elementos que tengan un perfil deseable.
Mucho falta por hacer y otros temas por considerar, tales como las acciones de prevención en materia de seguridad ciudadana, que por allí bien cabe tener un censo de las empresas que ejercen legal o ilegalmente el servicio de seguridad privada, pero eso será materia de otro análisis.
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